Impunidad y religión en Chile

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En 2005 el Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Católica chilena recibió una denuncia contra uno de sus más destacados sacerdotes.

Se trataba de Fernando Karadima, de 80 años, párroco de una de las iglesias más importantes del barrio alto, capellán de colegios de la clase alta, fundador del movimiento "Acción Católica", por donde pasaron como adolescentes cinco actuales obispos católicos chilenos.

La acusación indicaba que Karadima había cometido abusos deshonestos contra un muchacho en los años 80, hoy convertido en un destacado médico. El caso fue archivado a poco andar por el ahora cardenal arzobispo de Santiago, la capital, Francisco Javier Errázuriz.

Hace ocho meses, cuando el mundo se remecía con el caso de Marcel Maciel, el programa del canal TVN "Informe Especial" realizó un completo reportaje que cautivó a la teleaudiencia con la historia oculta del mexicano fundador de Los Legionarios de Cristo.

Al día siguiente, la periodista Paulina de Allende Salazar recibió un llamado en su oficina: "En Chile también tenemos un Maciel... averigüen", fue el mensaje.

Desde ese momento comenzó una investigación periodística que tuvo su resultado el lunes recién pasado, cuando otro reportaje del mismo programa develó los entretelones del caso que la Iglesia Católica no quiso investigar, con cinco testimonios de presuntos abusados por Karadima.

Chile no ha estado ajeno al escándalo mundial por la forma en que la Iglesia Católica ha enfrentado los casos de pedofilia en sus bases, ocultando en todas partes del mundo a los abusadores y olvidándose de las víctimas.

Ha surgido en mi país, a propósito de este caso, un fuerte debate sobre la impunidad de la que gozan los jerarcas católicos. Se ha recordado cómo a mediados de los 90 el entonces obispo de La Serena (500 km al norte de Santiago), Francisco José Cox tuvo que renunciar a su puesto y fue trasladado a Colombia luego de hacerse públicos los abusos que por años cometió contra jóvenes chilenos. La Iglesia Católica, entonces, explicó que su traslado era por "conductas impropias". La justicia ordinaria nunca supo del caso. O no quiso hacer nada.

En este país los obispos o cardenales son verdaderas autoridades y la curia defiende la preeeminencia de la justicia eclesiástica por sobre la civil debido a que es "más antigua que el Estado chileno".